Los cambios en las relaciones económicas y avances tecnológicos ocurridos a lo largo de la evolución humana muchas veces impiden comprender que seguimos dependiendo de la tierra y sus recursos como nuestros antepasados.

Si bien la mayor parte de los economistas y dirigentes sociales ponen especial atención en la incidencia que tienen el trabajo y el capital en la producción de riqueza, no se puede desconocer que en todos los procesos económicos para generar algún tipo de riqueza se necesita inexorablemente la concurrencia de la tierra y sus recursos naturales.
Aunque sorprenda a las nuevas generaciones y a muchos economistas que suelen focalizar su atención en la macroeconomía, la tecnología o las finanzas, no se puede desconocer que los actuales habitantes de nuestro planeta –al igual que nuestros antepasados del Paleolítico– sólo tienen la posibilidad de crear, producir, consumir, vivir, procrearse o generar un software en la medida que accedan a la tierra y sus recursos. Es materialmente imposible desarrollar una actividad individual o colectiva, establecer relaciones comerciales, formar una pareja o intentar un emprendimiento empresarial si no se dispone de un espacio –llamado económicamente tierra– para asentarse, vivir, trabajar y producir.
La ciencia económica sostiene –con certeza– que el factor tierra es la fuente generadora de todos los bienes que los seres humanos necesitan para satisfacer sus carencias y necesidades físicas. Las industrias, las maquinarias, las viviendas, los automóviles, la moneda, las tarjetas de crédito, los libros, la electricidad, las carreteras, el desarrollo cibernético, la Coca Cola, los antibióticos, las redes sociales, los celulares, los chips y las baterías no serían posibles de realizar sin alguna materia prima brindada por la tierra. Todos los bienes creados por el hombre provienen de los recursos naturales que se encuentran debajo o sobre la superficie terrestre. Es imposible tener una idea, dar forma a un producto, realizar un acto de amor o iniciar un proceso creativo sin un espacio en donde asentarse. Ni siquiera los viajes espaciales que se emprenden en busca de nuevos asentamientos para las futuras generaciones podrían emprenderse sin una parcela de tierra para lanzar las naves.
Los cambios económicos ocurridos a lo largo de la evolución humana y los avances científicos que nos sorprenden todos los días muchas veces impiden comprender que seguimos dependiendo de la tierra y sus recursos como ocurría con nuestros antepasados.

No percibir la relevancia de la tierra como sustento de toda actividad económica ha dado lugar a la errónea creencia de que la tierra es un tema que sólo incumbe a la gente del campo. 

Una errónea percepción se ha instalado en los claustros universitarios, en los dirigentes sociales y en la gente común, por lo que la mayoría considera que el crecimiento económico depende de manera casi excluyente del capital, la tecnología y el trabajo humano. Si bien algunos aceptan el valor económico e importancia que tienen determinados recursos naturales como el petróleo en la generación de energía o el campo en la producción de soja, la mayoría de los responsables de las políticas públicas consideran que el factor tierra es poco relevante para la sociedad moderna. Es más, muchos dirigentes suelen quejarse que los productores agropecuarios sólo producen materias primas en lugar de desarrollar procesos industriales que agreguen valor, como si la realización de ese proceso industrial no dependiera de un espacio para asentarse y de otros recursos provenientes de la tierra.
Posiblemente la incidencia del factor tierra en la producción de todos los bienes y servicios que se generan en la actualidad no sea tan visible a los ojos de la gente o no tenga la misma relevancia para ciertos fines como en siglos anteriores. Sin embargo, la tierra y sus recursos siguen siendo determinantes en toda producción económica ya que su participación no se limita a la siembra de trigo, la cría de ganado o la minería. Los recursos provenientes de la tierra –en diferentes proporciones– siguen siendo absolutamente necesarios para construir una casa donde cobijarse o para desarrollar una investigación científica. Nada se puede hacer sin los recursos naturales y un espacio donde asentarse. Ni la carne sintética, los alimentos veganos, el chip de las computadoras, las rosas de plástico, la cama para dormir, un cóctel o el celular para ver una serie de Netflix podrían existir sin el factor tierra que aporta toda la materia prima que se necesita el trabajo humano para generar cualquier bien.

FACTORES GENERADORES DE RIQUEZA

Es un grave error sostener que la tierra y sus recursos son un tema relevante solamente para la agricultura, la ganadería o la industria minera. Grave error que ha generado consecuencias muy negativas para la economía y la convivencia social. Toda organización y proceso económico destinado a generar algún tipo de riqueza requiere que confluyan mínimamente los tres factores esenciales de la producción: tierra, trabajo humano y capital. Estos tres factores básicos e imprescindibles son esenciales para la producción de cualquier tipo de riqueza por lo que no pueden estar ausentes. Considerar que para obtener algún tipo de bien o servicio basta con el trabajo y el capital es absolutamente erróneo, no solo por ser falso sino por las consecuencias económicas que trae aparejado.
No comprender que la tierra es esencial para la producción y el desarrollo social es muy negativo al momento de diseñar el ordenamiento jurídico y económico que debe prevalecer en la sociedad. No sólo por ser la tierra un factor imprescindible para vivir y producir sino porque hay que utilizarla de manera adecuada para no dañar el medio ambiente o generar injusticias sociales.
Es necesario tener presente que la tierra es un factor finito y escaso por lo que es fundamental no sólo cuidar los recursos naturales del Planeta sino que también es necesario organizar a la sociedad para que todos sus habitantes puedan acceder a este recurso fundamental para vivir, producir o descansar. Si se contamina el Planeta cancelamos el futuro de las nuevas generaciones y si se impide que la gente pueda acceder a un espacio de tierra se cancela el futuro de la humanidad porque nadie puede existir sin tierra.
La tierra no solo es escasa sino que tampoco puede crearse por voluntad humana. Es justamente esa limitación y finitud lo que determina que su valor económico – precio - aumente de manera constante en la medida que crece la población, aumenta la inversión y existe un creciente desarrollo social.

Mientras más crezca la población y mayor sea la demanda de recursos naturales para satisfacer sus necesidades mayor será el valor económico de la tierra.

La particularidad que tiene la tierra –por su finitud, escasez y ser la fuente material de toda riqueza– obliga a que toda sociedad organice jurídica y económicamente cómo debe ser el acceso y uso de las parcelas del territorio nacional. Una errónea organización sobre cómo acceder, poseer, utilizar y distribuir las parcelas de tierra genera serios problemas sociales y económicos. Una equivocada distribución de la tierra, que impida a la gente acceder a una parcela, afecta indefectiblemente su forma de vivir, las relaciones humanas, la igualdad de oportunidades, la libertad, la justicia social, la producción económica y la equitativa distribución de la riqueza. Una desacertada regulación jurídica que impida acceder económicamente a un espacio terrestre genera que muchas personas no puedan aspirar a vivir donde quieren y deban conformarse en habitar en villas de emergencia. Por lo tanto, para que una sociedad logre convivir en un marco de libertad, igualdad, justicia y prosperidad no sólo requiere de un espacio terrestre para asentarse sino que se necesita una organización jurídica y económica que establezca cómo sus habitantes pueden acceder y usufructuar ese bien finito, escaso e imprescindible para vivir.
Si el ordenamiento jurídico de un Estado impide u obstaculiza que las personas puedan acceder libremente a un espacio de tierra –urbana o rural– se estará castigando o impidiendo que esa gente pueda vivir dignamente y pueda progresar en igualdad de condiciones. Esto es lo que sucede en Argentina. En nuestro país no todos los habitantes pueden acceder económicamente a una parcela que reúna las condiciones necesarias para vivir, comerciar, producir o trabajar como consecuencia del alto valor económico de la tierra. Si bien jurídicamente todo el territorio nacional está disponible para ser usado, comprado o alquilado, esto no es posible de lograr para un amplio sector de la población por los altísimos precios de las parcelas urbanas y rurales. Esos precios son una barrera que impide que los sectores de menores recursos puedan comprar o alquilar un espacio para vivir o trabajar.

EL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE LA TIERRA

Para que los argentinos puedan construir un orden social y económico productivo, justo e igualitario es fundamental establecer una normativa jurídica que haga posible que todos los habitantes del país tengan la posibilidad de acceder económicamente a la tierra y sus recursos. Si no tienen esa posibilidad no hay futuro, prosperidad ni justicia social.
A lo largo de la Historia las sociedades han ensayado diferentes regímenes jurídicos de tenencia, acceso, ocupación, utilización y distribución de la tierra. Esas políticas de ordenamiento han sido diversas dentro de un abanico de opciones que van desde la distribución igualitaria de parcelas entre la población por parte del Estado hasta el establecimiento de un sistema de dominio feudal en el cual el propietario de la tierra tenía todos los atributos para disponer de sus feudos mientras que la población vivía en estado de servidumbre. Mucha opresión, esclavitud y explotación atravesó la humanidad como consecuencia de negativas formas de acceso a la tierra y sus recursos. Por fortuna actualmente un alto porcentaje de países de la comunidad internacional han adoptado regímenes jurídicos que permiten que sus habitantes tengan posibilidades de acceder económicamente –con mayores o menores dificultades– a un espacio para vivir y usufructuar.
Nuestro país adoptó un formato jurídico de propiedad privada sobre la tierra heredado del Derecho Romano. Ese formato garantiza a todos los habitantes del país el derecho formal de posesión sobre las parcelas terrestres –salvo algunas excepciones– para usarlas, explotarlas, usufructuarlas, venderlas o alquilarlas. Ese formato de propiedad privada sobre la tierra urbana y rural –delineado en la Constitución Nacional y el Código Civil de Vélez Sarsfield– permitió ordenar la ocupación de los extensos territorios del país, promover la inmigración y dar garantías a sus poseedores de que no serían despojados de sus parcelas. Sin embargo, al establecer los derechos correspondientes a los propietarios de la tierra el Código Civil no tuvo presente las consecuencias negativas que generan alguna de sus normas. Consecuencias que producen desequilibrios económicos e injusticias sociales que hasta el día de hoy padecen los argentinos.
Nuestro sistema jurídico tiene una falla conceptual y normativa sobre los alcances de la propiedad de la tierra que explica algunas razones de nuestra decadencia económica, la pobreza prevaleciente en vastos sectores sociales y la imposibilidad de tener un crecimiento económico sostenido. Si bien nuestro país es uno de los más extensos del mundo, a medida que la población creció empujada por las migraciones y por el desarrollo natural de la economía se produjo la total ocupación jurídica del territorio nacional, con lo cual las nuevas generaciones tuvieron serias dificultades para acceder a una parcela digna para vivir y producir.

La demanda social y la finitud del espacio determinó que los precios de las propiedades en las grandes ciudades y las tierras más fértiles del país fueran inaccesibles para vastos sectores de la población.

Las consecuencias del aumento constante del valor de la tierra ha sido causante de la toma violenta de parcelas terrestres, la usurpación de casas, el crecimiento de las villas de emergencia, las convulsiones sociales, la aparición de homeless en las calles, la especulación inmobiliaria, la falta de crecimiento económico y las limitaciones a la libertad económica.
No haber percibido los efectos económicos negativos que generan algunas disposiciones del derecho de propiedad normado por el Código Civil desencadenó consecuencias que han sido un obstáculo para el desarrollo del país y el bienestar de la población. Al no diferenciar la tierra propiamente dicha de la renta social que se acumula sobre ella como consecuencia de la demanda social ha generado serios inconvenientes para el ordenamiento social, las relaciones económicas y la justicia social . No haber diferenciado la tierra –que le corresponde legítimamente a los titulares del derecho de propiedad– de la renta social generada por la sociedad con su trabajo colectivo ha sido muy negativo para el desarrollo y la igualdad de oportunidades económicas.
No percibir los efectos negativos que produce la apropiación de la renta social por parte del propietario de la tierra ha producido muchas consecuencias negativas a toda la economía. Entre esas consecuencias se pueden resaltar las siguientes: En un territorio de casi tres millones de kilómetros cuadrados el 75% de la población vive hacinada en pocas ciudades mientras el país está prácticamente vacío; de las personas radicadas en las ciudades, millones deben vivir departamentos de pocos metros cuadrados; el 50% de los asalariados deben trabajar más de treinta años para poder comprar una pequeña vivienda y otro porcentaje semejante trabajadores debe destinar el 50% de su salario al pago del alquiler; miles de emprendedores no pueden comenzar sus actividades por no tener acceso a un local donde asentar su negocio; los productos agrícolas tienen un valor superior a su costo de producción porque deben absorber el elevado alquiler de las parcelas donde se cultivan; y los inmigrantes que llegan al país deben vivir en pensiones de mala muerte por los altos alquileres de las viviendas.
Este desolador escenario económico nacional, en gran parte, es consecuencia de nuestra legislación sobre la Propiedad de la tierra. Erróneamente las normas jurídicas no solo permiten que los titulares de los espacios sean dueños de las parcelas de tierra para su uso y usufructo, sino que autoriza que se apropien de la renta social generada por la sociedad con su trabajo e inversión.

Nuestra legislación no contempla la existencia económica de la renta social y sus efectos negativos al quedar en poder del propietario en lugar de volver a sus creadores: la sociedad. 

La legislación argentina no tiene presente que en la medida que la renta social sea apropiada por los titulares del derecho de propiedad se convierte en un obstáculo para que mucha gente pueda acceder económicamente a esos espacios para trabajar, producir, invertir, vivir o descansar.
Los argentinos necesitan reformular parte del ordenamiento jurídico vinculado a la propiedad privada sobre la tierra. Si los argentinos aspiran a una vivienda, tener una parcela para producir o un espacio para emprender un negocio deben reformular los aspectos negativos de la normativa jurídica vigente. Es fundamental que se modifiquen los paradigmas erróneos que forjaron nuestra normativa jurídica. Hay que modificar algunas normas del Código Civil a fin de garantizar plenamente la propiedad privada sobre la tierra y, al mismo tiempo, impedir que la renta social acumulada sobre las parcelas sea apropiada indebidamente por sus propietarios , impidiendo que millones de personas puedan acceder económicamente a un espacio para vivir, trabajar o invertir.
No existe duda de que el derecho de propiedad sobre la tierra rural y urbana es fundamental para impulsar la economía privada, el desarrollo social y la libertad económica. Sin embargo, la retención privada de la renta social por parte del propietario se ha convertido en una barrera económica para que la gente pueda acceder a los espacios de la República. Al quedar la renta social en poder de los titulares de la propiedad inmueble se producen serios desequilibrios económicos e injusticias.
Nuestra legislación debe garantizar plenamente el derecho de propiedad sobre la tierra y garantizar que la renta social retorne a sus creadores que es la sociedad que la hace crecer con su trabajo e inversión. Con ese fin el Estado tiene la obligación de recaudar la renta social y destinar esos recursos a solventar el gasto público. La recaudación de la renta social –por vía impositiva– no sólo promoverá que todo el territorio nacional sea puesto al servicio de la producción sino que solventará con creces el actual gasto público provincial y nacional, eliminando el crónico déficit estatal y –a la vez– permitiendo que las arcas del Estado crezcan para mejorar la educación, la seguridad, la salud y obra pública. La recaudación de la renta social, finalmente, permitirá que se eliminen muchos de los 160 impuestos que actualmente se aplican negativamente sobre el consumo, la producción, la inversión y el trabajo.