La privatización de la renta social es una barrera económica para acceder a producir; reduce los ingresos del trabajador; impide acceso a la vivienda; impulsa la especulación de la tierra y priva al Estado de recursos para afrontar el gasto público.
El derecho de propiedad vigente en Argentina autoriza a los propietarios de una parcela de tierra a obtener un ingreso o renta productiva por la participación de su dominio en un proceso productivo destinado a generar Riqueza. Junto a esa renta productiva, la legislación nacional también autoriza al propietario de la parcela –vía venta o locación– a percibir un ingreso adicional llamado renta social; ingreso que no depende de su accionar productivo sino que es resultado de la demanda social sobre su posesión o dominio territorial.
La posibilidad que el Código Civil concede a los propietarios de apropiarse de la renta social genera múltiples consecuencias negativas que afectan al desarrollo económico y el progreso social. Entre esas consecuencias, las más significativas son las siguientes:
La inevitable necesidad de acceder a un espacio terrestre para vivir, habitar, comercializar, producir o descansar determina que los factores que intervienen en la producción deben desembolsar –en diferentes circunstancias– una parte relevante de sus ingresos para pagar la renta social que les exigen los titulares de la tierra. En algún momento de su vida, todos los argentinos que quieran trabajar, emprender una actividad económica o necesiten tener una vivienda deben abonar a los propietarios de la tierra –por medio de compra o locación– Ia renta social acumulada sobre su dominio. Ese pago realizado para acceder a un espacio no puede ser eludido por nadie –salvo los usurpadores de terrenos– porque nuestro país está jurídicamente ocupado y ninguno de sus propietarios está dispuesto a ceder su dominio sin una contraprestación equivalente al valor de la renta social.
El Código Civil argentino permite a los propietarios de una parcela cobrar, vía venta o locación, la renta social que la sociedad ha creado con su trabajo e inversión y que el titular del dominio se apropia amparado por la legislación vigente. El pago de esa renta social –al alquilar o comprar un espacio de tierra– implica una importante disminución de los ingresos totales que deberían percibir los trabajadores, comerciantes e inversores si no debieran pagar ese peaje.
La reducción de los ingresos a los trabajadores e inversores se visualiza al analizar la matriz básica de producción y distribución de riqueza. En el caso de la Producción esa matriz básica indica que la Riqueza es resultado de la combinación del Trabajo aplicado a la Tierra con la ayuda del Capital (Producción de Riqueza = Trabajo + tierra + capital).
Por su parte, la matriz básica de distribución de la riqueza producida se realiza entre los trabajadores que perciben un salario, los inversores de capital que reciben un interés y los titulares de la tierra que perciben una renta productiva por el aporte de la tierra en la generación de bienes o servicios. (Distribución de Riqueza = salarios + intereses +renta productiva).Sin embargo en nuestro país, como consecuencia de la normativa del Código Civil, al momento de distribuir la Riqueza generada en un proceso productivo, existe un convidado de piedra que se lleva una parte importante de la riqueza producida en desmedro de los ingresos de los trabajadores, productores e inversores. Este convidado de piedra es el poseedor de la tierra que al momento de vender o alquilar sus parcelas cobra la renta social generada por la sociedad.
Por lo tanto, en nuestro país la matriz de distribución de la riqueza producida se debe realizar entre asalariados, inversores de capital y los tenedores de la tierra que obtienen un doble ingreso: renta productiva y renta social. (Distribución de riqueza = salario + interés + renta productiva + renta social).
Teniendo en cuenta que la tierra y sus recursos son el sustento de toda producción de riqueza, sus titulares suelen ser los primeros en obtener un ingreso por la renta productiva generada por la explotación de las parcelas y, también, ser los primeros en cobrar la renta social vía locación o venta de la parcela o sus recursos naturales.
Sin lugar a duda, el cobro de la renta social afecta a quienes generaron algún tipo de riqueza, comercian o invierten pues los titulares de las parcelas se quedan con un ingreso adicional que cercena los ingresos que les corresponden a los trabajadores e inversores. De esta forma la Distribución de la Riqueza entre los trabajadores e inversores es menor a la que les corresponde por su aporte a la producción (Salarios e intereses = Riqueza – renta social y renta productiva).
Cuando la renta social es apropiada por los tenedores del espacio territorial, inexorablemente los salarios, las utilidades de las empresas y las ganancias de los inversores disminuyen con respecto a lo que deberían percibir por su aporte a la generación de riqueza.
Los trabajadores asalariados son los que más padecen la merma de sus ingresos por la apropiación privada de la renta social dado que los inversores de capital suelen tener el poder para compensar sus pérdidas o puede emigrar hacia otros países que ofrezcan mayor nivel de rentabilidad.
Los comerciantes también padecen el suplicio del pago y aumento de alquiler de las parcelas de sus negocios como consecuencia del incremento de la renta social. La renta social crece inexorablemente, y con ella sus alquileres más allá del estado de los edificios donde tienen instalados sus negocios. Los comerciantes ven cómo mes a mes los propietarios de los locales se llevan una importante porción de sus ingresos y son la causa que los empuja en muchas ocasiones a tener que bajar la cortina. No todos pueden trasladar el pago de la renta social de un local a los productos que comercian. Algunos tienen un margen muy escaso de ganancia para incorporar a los productos comercializados una porción de la renta social abonada.
La situación no es distinta para los quieren invertir en la siembra de soja o en el pastoreo de vacas. Para poder acceder a un espacio de tierra, los grandes o pequeños productores deben abonar en concepto de compra o alquiler o renta social una importante suma de dinero que reduce sus ingresos generados por la renta productiva. Si bien muchos campos generan una muy buena renta productiva, muchas veces esa renta es insuficiente para cubrir el pago de la renta social que se incluye en el precio de alquiler o locación.
La tierra y sus recursos son el principal sustento para la producción de bienes, sean granos de trigo, chips para celulares o viviendas para cobijarnos. Si este factor esencial y sus recursos no son puestos al servicio de la producción se condiciona y perjudica seriamente la creación de riqueza. Esto es lo que sucede en nuestro país.
Si bien Argentina tiene aproximadamente tres millones de kilómetros cuadrados gran parte de su extenso territorio no está puesto al servicio de la creación de bienes y servicios con lo cual gran parte de las empresas destinadas a la producción agrícola, industrial, comercial o habitacional tiene limitaciones para acceder a un espacio para desarrollar sus actividades o para abastecerse de materias primas.
No poner al servicio de la producción toda la tierra y recursos naturales es una de las razones por las cuales nuestro mercado interno es muy pequeño, la producción de riqueza es insuficiente y los parques industriales de todas las provincias son escasos. Basta comparar el PBI argentino con el de otros países de la región para comprobar que la expansión de nuestra producción interna ha quedado bastante rezagada durante los últimos 70 años por causa de los efectos negativos de la privatización de la renta social.
Las razones por las que la tierra y sus recursos no ingresan al sistema productivo son varias. La más significativa es el elevado precio que tienen las parcelas urbanas y rurales como consecuencia del creciente aumento de la renta social generada por el incremento de la demanda de tierra para vivir, habitar o producir. Ese aumento constante de la renta social y su privatización por parte de los propietarios de la tierra se han convertido en una barrera económica que impide a la gente de trabajo, productores e inversores acceder al espacio que desean. Por esta razón, si bien los argentinos disponen de un territorio geográficamente inmenso y jurídicamente disponible, la gran mayoría de la población no puede económicamente acceder a esas parcelas debido a que los precios de la tierra no paran de crecer.
El efecto colateral al aumento del valor de las parcelas por el incremento de la renta social es la especulación económica. Previendo un constante aumento de la demanda social y de la inversión pública, los poseedores de parcelas prefieren retener sus dominios sin hacer nada a la espera que suba el precio por el incremento de la renta social. Como no están urgidos ni obligados a poner sus tierras dentro del proceso de producción prefieren esperar y especular a que los precios de la tierra suban para obtener mayores ingresos en el futuro a través de la venta o locación. Los tenedores de un espacio consideran –y así lo acreditan los hechos– que es mejor negocio especular con el aumento constante de la renta que ponerse a producir e invertir.
Los poseedores de parcelas saben que sin hacer nada sobre sus dominios puedan ganar mucho más dinero en el futuro que si se ponen a invertir o arriesgar en un proceso productivo. Saben que con el paso del tiempo y gracias al esfuerzo colectivo de la sociedad sus parcelas aumentarán exponencialmente su precio por el incremento de la renta social. Por lo tanto, en Argentina la especulación con el aumento de valor de la tierra es algo habitual porque genera una elevada rentabilidad. Sólo es cuestión de que el Estado y la actividad privada se expandan alrededor para obtener grandes ganancias al momento de alquilar o vender.
Ante opciones de invertir o producir en sus dominios muchos propietarios se preguntan: ¿Para qué emprender actividades económicas asumiendo riesgos, padeciendo controles estatales y pagando mayores impuestos? ¿Para qué lidiar con trabajadores y sindicatos que me tratan como un explotador en cuanto comienzo una actividad? ¿Para qué enfrascarse en un emprendimiento que siempre está a la zozobra por el desequilibrio del orden económico nacional? ¿Por qué asumir riesgos, cuando tengo el mejor negocio bajo mis pies, sin hacer nada?
El régimen jurídico argentino permite que los titulares de la tierra puedan hacer grandes ganancias sin hacer nada sobre sus dominios. Sólo tienen que esperar que el tiempo pase, la gente trabaje y la inversión pública se expanda, para que su riqueza se multiplique como consecuencia del crecimiento de la renta social. Los poseedores de la tierra no tienen obligaciones públicas relevantes y nadie les reprocha que especulen con el aumento de la renta social. Es cierto que de tanto en tanto tienen que ajustar sus pretensiones ante alguna ley de congelamiento de alquileres o por impuestos erróneos sobre las mejoras realizadas sobre sus parcelas. Sin embargo, como son medidas que generan más desequilibrios que aciertos, al poco tiempo suelen ser eliminadas y la especulación con la tierra prosigue como lo ha hecho históricamente.
En nuestro país es absolutamente más rentable dedicarse a la especulación de tierras urbanas o rurales que a la producción, sujeta a cientos de limitaciones públicas, impuestos, presiones sindicales y riesgos impredecibles. Es mucho más sencillo y redituable especular con el aumento de la renta social generada por el trabajo de los otros. Especular con el aumento de la renta social permite obtener ganancias que jamás se lograrían con el trabajo y la inversión de capital propio.
La historia económica nacional y las grandes fortunas amasadas en el país ponen de relieve que la comercialización de la renta social por venta o locación –tanto del espacio urbano como rural– genera mejores ingresos que trabajar e invertir en procesos productivos. Esto no quiere decir que los titulares de los espacios urbanos y rurales sean unos malvados que no quieren participar en el proceso de producción. La culpa de que exista especulación no la tiene el titular de un espacio sino el régimen jurídico argentino. Nuestro sistema jurídico es el que posibilita que los propietarios de la tierra obtengan ingresos sin trabajar ni invertir, desvirtuando los objetivos de toda actividad productiva e impidiendo una justa distribución de la riqueza.
La apropiación privada de la renta social provoca que empresarios y asalariados se enfrenten de manera permanente con el propósito de quedarse con una mayor porción de la famélica riqueza que les queda después de que los titulares de la tierra se apropien de la renta social y el Estado los asfixie con los impuestos.
Los trabajadores sostienen que sus bajos salarios se deben a empresarios que se quedan con gran parte de la torta, mientras que los empresarios consideran que su reducidas utilidades se deben al costo laboral creciente impulsado por los sindicatos. Ni trabajadores ni empresarios perciben que los ingresos que les corresponden están reducidos por la privatización de la renta social y por la aspiradora impositiva del Estado que se apropia del 45% del Producto Bruto Interno para solventar una gestión pública que no regresa a la gente con buenos servicios.
Los sindicatos son los primeros, pero no los únicos, en acusar a los empresarios de quedarse con buena parte de la riqueza que les corresponde a los trabajadores. Por este motivo, dirigen sus reclamos por mayores ingresos contra los empresarios capitalistas. Sobre ellos se canalizan las acciones de fuerza o los reclamos en paritarias. Consideran que las empresas son las únicas responsables de que los asalariados no perciban los ingresos que les corresponden por su aporte en la producción.
Los trabajadores y sindicatos no perciben que la principal causa que les genera una reducción de sus ingresos son los altos alquileres para acceder a una vivienda y los elevados impuestos que le aplica el Estado. Tampoco perciben que el aumento constante de la renta social y de los gravámenes impositivos hace que todos los bienes que consumen se encarezcan afectando sus ingresos y bienestar. Sólo focalizan su atención en los empresarios, por considerar que se quedan con los ingresos salariales que les corresponden. Esta percepción los lleva a estar enfrentados de manera constante con quienes les dan trabajo.
Como contrapartida a las peticiones sindicales, los empresarios sostienen que las empresas no son rentables porque los asalariados han logrado obtener –a través de las presiones y la legislación laboral– salarios por encima de lo que les corresponde por su aporte a la producción. Acusan a los sindicatos de haber elevado o inflado el costo laboral impidiendo que las empresas sean rentables y competitivas. De esta manera los empresarios también desconocen que la merma de sus ingresos y ganancias se debe en buena medida a la privatización de la renta social y los elevados impuestos. No reconocen que la riqueza remanente que queda, una vez pagados los impuestos y la renta social, es bastante magra por lo que no pueden pagar salarios altos ni obtener elevada rentabilidad.
Mientras se produce el enfrentamiento entre empleadores y asalariados, los titulares del espacio territorial y el Estado miran para el costado porque no se consideran parte del problema. Los poseedores de las parcelas ignoran que –por la privatización de la renta social– son responsables que los salarios y las utilidades no lleguen plenamente a sus creadores. Lo mismo ocurre con el Estado, que ignora el efecto negativo que genera la apropiación privada de la renta social y los impuestos aplicados al trabajo y la producción.
La privatización de la renta social, y el consecuente aumento del precio de las tierras rurales, urbanas y suburbanas, actúa como una barrera económica difícil de superar para aquellos que quieran acceder a una vivienda. El Preámbulo de nuestra Constitución, que invita a todos los hombres de buena voluntad del mundo a habitar en nuestro territorio, dejó de tener sentido hace tiempo. La barrera económica generada por la renta social no permite llevar a la realidad esa generosa invitación que realizaron nuestros constituyentes. Los trabajadores, emprendedores, inmigrantes y ciudadanos de a pie no tienen muchas posibilidades de acceder económicamente a un espacio para construir una vivienda digna.
La dificultad de acceder a una vivienda es la causa por la cual cada vez es mayor el porcentaje de personas de bajos recursos que viven en la calle, ocupan casas deshabitadas carentes de servicios de luz o invaden terrenos para construir viviendas super precarias. Desde hace décadas en nuestro país ha comenzado a conformarse una nueva clase social llamada “okupas” como consecuencia a la imposibilidad de acceder económicamente a una vivienda. Son argentinos e inmigrantes que prefieren violar la ley y vivir en la inseguridad jurídica antes de ambular por la calle sin un techo para albergar a sus hijos. No importan las condiciones deplorables en las que deban vivir, la inseguridad que deban padecer y el temor a ser reprimidos. La necesidad de sobrevivir y cobijarse los lleva a convertirse en okupas y estar fuera de la ley.
La invasión de tierras y viviendas se esparce por todo el territorio. La mayoría de las usurpaciones se realizan en las ciudades, dando lugar a los asentamientos urbanos y las villas de emergencia. Sin embargo, el fenómeno no es excluyente de los centros urbanos. También se produce en el campo o en zonas deshabitadas. En esos casos, a los usurpadores rurales se los conoce con el simbólico nombre de los sin tierra.
Algunos gobiernos, ignorantes de la causa real que impide a las personas acceder a un espacio para vivir, habitar o trabajar, consideran que esas usurpaciones son resultado del accionar de grupos organizados y desestabilizadores que no respetan el derecho de propiedad. Descripción que en algunos casos es acertada y ajustada a la realidad. Sin embargo, la mayoría de las veces esta lastimosa realidad en un país geográficamente vacío es consecuencia de un sistema jurídico que impide que la gente pueda acceder a un espacio para vivir y trabajar por los altos valores de la tierra consecuencia de la privatización de la renta social.
La misma ignorancia que impide entender que la causa de la falta de viviendas es la apropiación privada de la renta social conduce a erróneas políticas públicas. Por lo general, los gobiernos, al intentar eliminar el déficit habitacional o la falta de tierras para producir, suelen optar por repartir parcelas para que la gente construya sus propias casas o bien distribuya complejos habitacionales de dudosa calidad. Seguramente los afortunados que reciban tierras o viviendas tendrán en cierta manera resuelto su desvelo habitacional o laboral. Sin embargo, otros millones de argentinos continuarán sin techo porque las medidas adoptadas no apuntan a la verdadera causa que impide que la gente pueda acceder económicamente a una casa digna. Al mantenerse el régimen jurídico vigente, la renta social seguirá siendo una barrera constante e infranqueable para acceder económicamente a una vivienda.
El déficit nacional de viviendas no se resuelve repartiendo parcelas o viviendas populares entre los necesitados, aunque eso beneficie a un cierto número de personas. Ese mecanismo es paliativo que no ataca la verdadera causa del problema habitacional. La consecuencia de ese proceder es que al mantener el mismo régimen jurídico los afortunados que reciban del Estado una parcela o una casa pasan a convertirse automáticamente en titulares de un derecho de propiedad, que les permitirá beneficiarse de la renta social al momento de vender o alquilar. De esta forma, los nuevos titulares de una vivienda cedida por el Estado pasan a ser parte de los que se benefician de la apropiación privada de la renta social. No tardan mucho tiempo en alquilar o vender las propiedades dadas por el Estado para embolsar importantes sumas de dinero.
En la Sección Economía hay notas complementarias sobre la tierra y la renta social.
• Factores de Producción.
• El mejor negocio de la Tierra es la tierra.
• Impuesto a la renta social.
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