Los argentinos no pueden seguir construyendo un sistema económico en donde los sectores sociales carenciados se han convertido en mendigos del Estado con lo cual han perdido su independencia, dignidad y capacidad de progresar.
En nuestro país, a partir de la Constitución Nacional y una vasta legislación, se ha establecido un amplia gama de Derechos para garantizar la libertad, la igualdad, la justicia social y la solidaridad hacia los sectores vulnerables. Estos derechos, a modo de síntesis, pueden agruparse en tres grandes categorías. Durante el periodo de la Organización Nacional se puso el acento en asegurar los Derechos individuales a fin de garantizar la libertad de las personas para desarrollar una industria, trabajar, ejercer el comercio, elegir los representantes gubernamentales, expresar las opiniones sin censura, profesar una religión, acceder a la Justicia y transitar por todo el territorio nacional, entre otros derechos.
En la primera mitad del siglo XX, por influencia de las ideologías socialistas y la expansión del movimiento obrero, la legislación nacional apunto a garantizar a los trabajadores determinados Derechos laborales para evitar abusos y limitaciones impuestas por los empleadores. De esta forma se otorgaron múltiples derechos a los asalariados entre los que se pueden mencionar el derecho de huelga, la jornada laboral de ocho horas, el aguinaldo obligatorio, las vacaciones pagas, las indemnizaciones por despido, la estabilidad del empleado público y la jubilación para los adultos mayores.
Finalmente, con la expansión del Estado comenzaron a tener una fuerte presencia los llamados Derechos Sociales que tienen como propósito que el gobierno garantice determinados beneficios para los sectores de la sociedad que tienen carencias, necesidades o sufren algún tipo de marginación. Al principio, los Derechos sociales se limitaron a asegurar gratuitamente la educación, los servicios médicos y a realizar algún tipo de beneficencia. Con el paso de los años, los Derechos sociales fueron creciendo de manera exponencial para abarcar objetivos tan diversos como otorgamientos gratuita de viviendas, asistencia dineraria por nacimiento de hijo, distribución de bolsones de alimentos, viandas de comida en las escuelas, cupos laborales para mujeres, boletos gratuitos para estudiantes, tarifas públicas a menor costo, aborto sin costo, distribución de remesas de dinero a través de planes sociales y viajes gratis de graduación para estudiantes, entre otros.
Ahora bien, analizando las tres categorías de los Derechos establecidos para garantizar la libertad, la igualdad, la solidaridad y la justicia social se puede observar que existen diferencias en cuanto sus objetivos y requisitos para que puedan implementarse. Los derechos individuales, por su parte, requieren que el Estado asegure que las personas puedan actuar y expresarse sin que su libertad sea cercenada por la coerción de otras personas, poderes privados o el poder estatal. En cuanto a los derechos laborales, en su gran mayoría, necesitan que los empleadores realicen erogaciones económicas para que el trabajador reciba el beneficio otorgado. En cuanto a los derechos sociales requieren la intervención activa del Estado –a través del aporte de recursos económicos– para que puedan concretarse.
A pesar que Juan Bautista Alberdi –padre de la Constitución Nacional– expresara que “la Ley no tiene el poder de dar a cada uno lo que necesita”, en las últimas décadas el otorgamiento y financiamiento de derechos sociales a cargo del Estado ha sido mayúsculo.
La dirigencia política y gremial no tuvo en cuenta las palabras de Alberdi por lo que decidió promover y sancionar centenares de leyes para que el Estado cubriera las necesidades apremiantes de sectores sociales que la economía privada no podía satisfacer. A partir de esta legislación –avalada por la totalidad de la dirigencia social– gran parte de la población asumió que el Estado tenía la obligación de solucionar sus carencias presentes y futuras. De esta forma se instaló en el ideario colectivo la premisa que cada necesidad genera un derecho social que el Estado tiene la obligación de satisfacer.
Con el paso de los años –alentados por dirigentes irresponsables y demagógicos– los argentinos dieron por sentado que cuando sienten algún tipo de necesidad material tienen el derecho de exigir y demandar al Estado que los proteja, ayude y provea de los recursos necesarios para superar sus carencias. No comprenden –o se niegan a aceptar por conveniencia– que los derechos sociales exigidos al Estado no pueden ser satisfechos si la economía publica no cuenta con recursos económicos para solventarlos.
A los argentinos les cuesta aceptar que no es posible que el Estado pueda distribuir gratuitamente recursos en forma de bienes, servicios o dinero si carece de recursos económicos.
Es indudable que no basta con la intención del Estado y gobernantes de ser solidario con los sectores sociales vulnerables para poder satisfacer todas sus necesidades materiales. La intención de ayudar y proteger a los que menos tienen solo puede concretarse si el Estado cuenta con recursos económicos. En caso contrario, otorgar derechos sociales a los necesitados, es un deseo imposible de concretar.
Todo servicio o bien que el gobierno otorga a quienes tienen carencias tiene un costo que debe ser solventado. Ese costo –por lo general– es financiado por los contribuyentes a través de sus impuestos. El Estado es un simple intermediario entre los contribuyentes que aportan recursos al Tesoro público y los sectores de la población que reciben esos aportes en forma de bienes o servicios. Esto es lo que sucede en todos los países desarrollados del mundo. Por lo tanto, los argentinos no pueden eludir esa realidad si quieren mantener el equilibrio fiscal y una economía ordenada. Lamentablemente los sucesivos gobiernos de nuestra historia reciente no buscaron el equilibrio publico entre los ingresos y egresos. Para calmar la demanda social, la mayoría de los gobiernos apelaron a la inflación y al endeudamiento para satisfacer el reclamo de nuevos derechos sociales. Aunque algunos dirigentes inicialmente se resistieron, a la larga todos prefirieron satisfacer los reclamos sociales emitiendo dinero falso. En lugar de rechazar esos reclamos por falta de fondos, evitar el déficit y dejar sin recursos a la educación o la salud prefirieron gastar lo que no tenían. El resultado de este proceder ha sido la construcción de un Estado deficitario, una inflación crónica, deudas internacionales de imposible cumplimiento, insatisfacción de los sectores empobrecidos y piqueteros en las calles que reclaman mayor cantidad de derechos sociales que el Estado ha prometido satisfacer.
Haber instalado en el pensamiento nacional que toda necesidad da lugar a un derecho social, que el Estado está obligado a satisfacer, ha generado muchas consecuencias negativas. Entre esas consecuencias debe subrayarse el hecho que el Estado argentino padezca un déficit crónico y no pueda cumplir con gran parte de sus objetivos institucionales. Es imposible solventar los gastos de los crecientes derechos sociales concedidos en un país en donde hace dos décadas no crece el Producto Bruto Interno.
Llegado a este punto es importante señalar que al cuestionar el principio que sostiene que “toda necesidad genera un derecho social que el Estado debe satisfacer gratuitamente” no estoy cuestionando el deber que tiene un Estado de ayudar solidariamente a los carenciados, marginados o explotados. Por el contrario, considero esencial que nuestra sociedad construya y defienda un modelo de Estado que la proteja, ayude, guíe, colabore y sea solidario con las personas que tienen necesidades y carecen de oportunidades para progresar. Lo que se cuestiona es el principio insustentable y demagógico que considera que el Estado puede satisfacer materialmente todas las necesidades sociales existentes y a surgir en el futuro sin tener presente si tiene los recursos económicos para hacerlo
El desequilibrio económico del Estado generado por la obligación de satisfacer todos los derechos sociales que se le reclaman sin tener recursos económicos para solventarlos se agrava porque los derechos otorgados no tienen fecha de vencimiento.
Como si el agujero negro existente en las cuentas públicas no fuera enorme, los tres Poderes del Estado siguen actuando con total irresponsabilidad sancionado leyes o dando por sentado judicialmente que todo derecho social que se haya concedido en el pasado es un derecho de por vida.
A partir de ese principio no importa si la economía está en crisis, si el Estado “no tiene plata”, si no hay inversiones de capital, si ocurrió un desastre natural o si las empresas dejan de producir por falta de rentabilidad. Para los Poderes del Estado y la idiosincrasia nacional los derechos sociales concedidos son para siempre y nadie los puede tocar. Queda fuera de discusión si esos derechos otorgados en el pasado podrán ser afrontados económicamente en el presente o futuro. Para los argentinos todo derecho social convalidado por el Estado en algún momento es un derecho adquirido de por vida, por lo cual hay que respetarlo y protegerlo por siempre.
De esta forma, aunque las necesidades y carencias que dieron origen a un derecho social hayan desaparecido o mutado, los beneficiarios reclaman que el Estado siga cumpliendo con sus obligaciones porque ese derecho –léase beneficio económico recibido– es un derecho adquirido para siempre que no puede ser alterado ni suspendido.
Es indudable que si los argentinos quieren revertir del déficit estatal, la inflación, las erróneas política de solidaridad social, la corrupción de las organizaciones sociales, la asfixia impositiva y la destrucción de la economía privada deben reflexionar y revisar el principio que establece que cada necesidad social genera un derecho a satisfacer por el Estado.
Conceder derechos sociales sin tener los recursos para solventarlos ha dado como resultado un déficit estatal crónico, un nefasto endeudamiento internacional y asfixiado a la economía en su conjunto porque los impuestos representan el 50% de los ingresos de la gente. Haber obligado a canalizar gran parte de los recursos públicos a los derechos sociales cancelo la posibilidad que el Estado direccione esos recursos hacia la salud, la educación, la seguridad y la obra pública privando a toda la población de servicios esenciales para su bienestar.
Finalmente, haber concedido derechos sociales sin tener sin haber exigido alguna contraprestación a cambio de esos beneficios ha destruido la cultura del trabajo, propiciado la cultura de las prebendas, favorecido el ocio y alimentado la corrupción de los punteros.
Los argentinos no pueden seguir construyendo un sistema económico en donde los sectores sociales carenciados se han convertido en mendigos del Estado con lo cual han perdido la dignidad, su capacidad de progresar y su futuro. Es necesario dejar de creer que los problemas económicos de muchos sectores sociales se resuelve con dadivas. El ejemplo de muchos Estados prósperos y justos que realizan una importante tarea de solidaridad social no muestran que existen herramientas más efectivas para ayudar a superar las carencias sociales. Herramientas que se aplican para cambiar un sistema económico inoperante para ser reemplazado por una economía donde prevalece el derecho a trabajar, producir y obtener ingresos para vivir como ciudadanos independientes y libres. La distribución masiva de derechos sociales sin contraprestación efectiva no es una herramienta útil en la medida que no cambia estructuralmente la situación de pobreza de los sectores carenciados ni es una herramienta idónea para que la gente sin trabajo pueda insertarse en el sistema productivo.
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