Pensar que al sancionar una Ley se logra el objetivo buscado o se obtiene un resultado positivo es un pensamiento mágico que ha generado una inflación legislativa generadora de más daño que la emisión monetaria.

Los argentinos consideran que las leyes son el instrumento que disponen para resolver sus problemas económicos. Tan poderosa es esa creencia que desde hace décadas vienen reclamando y sancionado una gran cantidad de leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas con la esperanza que a partir de esa normativa sus necesidades serán resueltas de manera positiva.

Todos los gobiernos, en las diferentes jurisdicciones del país, se han caracterizado por sancionar normas económicas con contenidos muy diversos como generar impuestos para incrementar los fondos públicos, controlar el mercado, promover la igualdad social, aumentar los ingresos a los jubilados, impulsar el crecimiento de las economías regionales o sostener el precio de la yerba mate. Lo hacen con la convicción que la sanción de una norma les permitirá que los objetivos pretendidos se materialicen, los problemas desaparezcan y las necesidades económicas de la sociedad sean satisfechas

La decisión de sancionar leyes para solucionar determinadas dificultades económicas o lograr objetivos que redunden en beneficio de la sociedad es apoyada ampliamente por empresarios, trabajadores, políticos, sindicalistas, intelectuales, estudiantes, artistas e integrantes de organizaciones sociales. Ese apoyo incondicional es consecuencia de compartir la premisa que las leyes tienen el poder para concretar un objetivo económico, eliminar una injusticia social o hacer realidad un deseo. Hecho que no refleja la verdad en toda su plenitud. Si bien la Ley es la herramienta constitucional que tiene un Estado para concretar diferentes fines, las normas en sí mismas no tienen la capacidad para lograr que un objetivo se cumpla inexorablemente a partir de su sanción legislativa

La validez institucional que logra una Ley al ser sancionada por el Poder legislativo e implementada por el Ejecutivo no implica que tenga la capacidad y efectividad de alcanzar los objetivos para los que fue sancionada. Toda disposición legal puede tener limitaciones en cuanto su efectividad o fracasar en sus propósitos más allá de su validez jurídica. La principal causa que explica esos fracasos o resultados negativos radica en que las leyes son creaciones humanas y por lo tanto están sujetas a equivocaciones, a tener erróneas interpretaciones de la realidad o a proponer medidas ineficaces para alcanzar un objetivo más allá de las buenas intenciones de los legisladores que las sancionan o de la sociedad que las promueve.

La mera sanción de una Ley no tiene la capacidad de transformar la economía, eliminar la pobreza, generar inversiones, acabar con la desigualdad social o impedir la corrupción pública si sus disposiciones son erróneas o no se pueden implementar.   

Si una ley es inviable para concretar un objetivo por carecer de los instrumentos idóneos para hacerlo o por estar en contraposición a las leyes económicas que rigen las conductas de las personas, lo más factible es que no logre sus objetivos o que genere más daños que soluciones. Esta corroborado por la experiencia que la sola sanción de una norma es insuficiente para lograr positivamente los fines que se propone. Si así fuera, nuestro país sería una potencia económica mundial ya que se han sancionado decenas de miles de normas –nacionales, provinciales y municipales– para impulsar el progreso social sin que gran parte de los problemas que motivaron esas leyes hayan sido solucionados, sino que por el contrario muchos se incrementaron por los errores que contienen las disposiciones sancionadas.   

Sostener que la mera sanción de una Ley permite superar necesidades sociales o abrir el camino hacia el progreso económico es un pensamiento mágico que no se ajusta a la realidad. Tener ese pensamiento fantasioso e irreal es lo que impulsa a la gente a quejarse cuando el Parlamento está en receso y no promulga las leyes que el país necesita. “Trabajen y sancionen leyes” es la demanda habitual de la gente a los legisladores. “No pongan palos a la rueda del gobierno y sancionen las leyes que se necesitan para superar la crisis”, es otro de los reclamos que se escucha en estos días.   

Es cierto que todos esos reclamos tienen un sustento verdadero, en el sentido que sin una norma legal que avale una medida gubernamental no hay posibilidad de implementar las medidas económicas que se requieren para salir de la decadencia. En todos los países democráticos del mundo el Derecho Positivo es el instrumento fundamental para modelar el sistema económico, lograr objetivos superadores y establecer pautas de ordenamiento para una mejor convivencia social. En un Estado de Derecho la Ley es la herramienta jurídica imprescindible para promover el progreso, afianzar la justicia, prohibir actividades negativas, cobrar impuestos, impulsar la industria, ayudar a los sectores carenciados, crear instituciones que fortalezcan la democracia, garantizar los derechos humanos, resguardar la libertad, apuntalar el bien común y asegurar la defensa nacional, entre otros objetivos.   

Sin embargo, la necesidad institucional de atenerse a la Constitución y al Derecho positivo para llevar adelante políticas públicas y cambios en el ordenamiento económico no quiere decir que lograda la sanción de una ley las medidas propuestas sean positivas y logren mejorar la calidad de vida. La sola sanción de una Ley no tiene el efecto resolutivo y positivo que se le atribuye. La sanción formal de una norma no implica que sus objetivos se logren. Existen centenares de leyes nacionales y provinciales que no sirvieron para activar la economía, reducir la desigualdad social, terminar con la pobreza, incrementar las exportaciones industriales, reactivar las economías regionales, aumentar los ingresos de los trabajadores, terminar con el déficit habitacional, eliminar el trabajo informal creció o controlar el dólar blue. Es evidente –salvo para los que no quieren ver– que las leyes por sí mismas no solucionan nada ni logran objetivos perseguidos. De hecho, los resultados negativos que han tenido centenares de leyes económicas explica porque existen muchas normas que son letra muerta. Algunas dejaron de tener vigencia porque fueron incapaces de solucionar los problemas que debían erradicar o terminaron agravando los problemas que debían solucionar. Otras se convirtieron en letra muerta porque al intentar aplicarse fueron rechazadas socialmente por que afectaban la convivencia social, eran contrarias a la libertad, perjudicaban a un grupo de poder, encubrían la corrupción o perjudicaban a la democracia.   

Es correcto que toda sociedad democrática necesita un marco jurídico que regule las conductas económicas y establezca objetivos para impulsar el progreso. Sin embargo, la necesidad de una norma jurídica que ordene la economía social e individual no puede llevar a la errónea conclusión de que sancionada una Ley los objetivos deseados se concretan. Creer que sólo es cuestión de sancionar leyes para lograr todo tipo de objetivos género en nuestro país una inflación legislativa que ha causado tanto daño como la emisión monetaria. La inflación legislativa, además de no haber logrado concretar la mayoría de los objetivos prometidos, ha impulsado la inseguridad jurídica y entorpecido la fluidez operativa del Poder Judicial no solo por la cantidad de normas vigentes sino porque gran parte de las leyes sancionadas son contradictorias entre si generando incertidumbre, desorientación y conflictos.  

Ante los magros resultados económicos logrados por nuestra legislación no se puede seguir estableciendo nuevas leyes con la creencia que la sola sanción de una norma permitirá superar la recesión, aumentar la producción y superar el 45% de pobreza.   

No se puede seguir considerando que con la sola sanción de una ley se logra el objetivo pretendido. Es una fantasía otorgar a las leyes un efecto sanador, reformador y transformador por el solo hecho de ser sancionadas por el Congreso. Para que una ley genere resultados positivos debe ser efectiva, viable y tener la idoneidad suficiente para que sus propuestas sirvan para lograr los objetivos buscados. No tener presente donde radica el valor de una Ley lleva a la frustración de aquellos crédulos que piensan que con la sanción de una Ley arreglan los problemas y se consiguen los objetivos buscados.  

Por lo tanto, en este momento de la coyuntura nacional, en donde existe una fuerte discusión sobre cuales son leyes que el país requiere para salir de la decadencia, es fundamental analizar el contenido y viabilidad de las normas que están en debate. Si bien es importante que el Congreso sancione las leyes que el gobierno requiere para llevar adelante sus políticas públicas es mucho mas relevante estar seguro que el contenido de esas leyes representan la demanda de la mayoría social según el voto de las últimas elecciones.   

En las elecciones del 2023 un alto porcentaje de gente voto por dejar atrás el estatismo económico para impulsar un ordenamiento de la economía sustentado en la iniciativa privada. Por ese motivo, las leyes que impulse el gobierno y sancione el Congreso deben ser coherentes con esa voluntad social por lo que deben contener propuestas y herramientas que permitan el desarrollo de la libertad económica, la competencia, la igualdad de oportunidades y el libre mercado. Esas leyes, por otra parte, van a requerir que se realice una profunda poda a la maleza legislativa vigente. Sin lugar a dudas que para llevar adelante los objetivos económicos votados mayoritariamente en las últimas elecciones será necesario realizar una intensa poda a la legislación nacional, provincial y municipal dado que en los últimos 80 años se sancionaron miles de leyes contrarias a la iniciativa privada, la libertad económica, las empresas y el mercado.