La recaudación impositiva es el ingreso más relevante del Estado moderno por lo cual es fundamental la existencia de un sistema tributario eficiente, trasparente, ordenado y equitativo que contribuya al desarrollo productivo de la sociedad.

Un Estado necesita establecer un régimen impositivo eficiente a fin de recaudar los recursos que necesita para afrontar los gastos e inversiones de la economía pública. Para lograr ese objetivo es esencial que los impuestos no sean excesivos, abusivos, confiscatorios, discriminatorios, arbitrarios ni dañen la actividad productiva. También es importante que el sistema tributario no se limite a fines exclusivamente recaudatorio sino que además debe ser un instrumento idóneo para la construcción de un ordenamiento económico que garantice la libertad económica, la igualdad de oportunidades, el acceso irrestricto a los medios de producción y la distribución equitativa de la riqueza.
Se sabe que ningún Estado puede funcionar sin un sistema impositivo que le genere ingresos para cumplir con sus objetivos institucionales o sociales. Sin embargo, también es sabido que los impuestos no siempre son justos y equilibrados, sino que –por el contrario– pueden llegar a ser abusivos, parciales y desorganizadores del orden económico como sucede en Argentina. Por esta razón, es necesario y prioritario que el Estado tenga un eficiente sistema tributario que permita que la sociedad esté dispuesta a desprenderse de una parte de la riqueza que genera con su trabajo e inversión para que vaya a las arcas del Estado a fin de que cumpla con los objetivos que esa misma sociedad le ha encomendado.
Un régimen tributario debe tener tres objetivos prioritarios si quiere impulsar el progreso económico, ser eficiente y no promover la evasión. El primer objetivo es no castigar los contribuyentes con una carga impositiva que impide a los trabajadores acceder plenamente a la totalidad de su salario, a las empresas disponer de las utilidades que han generado y a los consumidores a estar obligados a pagar un mayor precio de lo que valen los productos.

Un régimen tributario no debe castigar ni agobiar a la “gallina de los huevos de oro” que son los contribuyentes que aportan los recursos que el Estado necesita para sus políticas públicas.

El Estado debe ser tener un sistema tributario equilibrado y eficiente para que no se convierta en una maquinaria dañina que se apropia de gran parte de los ingresos de los trabajadores, consumidores, comerciantes, empresas e inversores. Si el Estado ejerce una presión impositiva abusiva y errada en cuanto cuales son los bienes grabados habrá de generar distorsiones económicas e injusticias sociales que finalmente afectaran las actividades productivas, propiciaran la evasión y fomentara el mercado informal o negro.
El segundo objetivo de un régimen tributario es ser un instrumento correctivo de los desequilibrios que se presentan en la economía a fin de restablecer su normal y eficiente funcionamiento. Esos desequilibrios suelen ser múltiples, coyunturales, estructurales, temporales o de vieja data. Pueden deberse a catástrofes naturales, sanción de normas jurídicas erróneas, alteraciones en el mercado internacional, intervención del mercado por grupos de interés, conflictos bélicos u otras causas. En todos esos desequilibrios los impuestos pueden cumplir una función correctiva o reparadora de injusticias económicas que generan distorsiones negativas que afectan la equitativa distribución de la riqueza o perjudican una actividad productiva.
Finalmente, el tercer objetivo de un régimen tributario debe ser una correcta distribución de los ingresos públicos. Los aportes de los contribuyentes deben estén direccionados al bien público para que vuelvan a la sociedad en forma de bienes, servicios o inversiones en obra pública. Es fundamental que los aportes de los contribuyentes no se canalicen a objetivos que no son prioritarios, necesarios o esenciales para el bienestar de la gente. Los ingresos impositivos no deben ser utilizados para fines políticos partidarios a fin de manipular la opinión pública, engrosar los bolsillos de funcionarios, distribuir dadivas a empresarios amigos o para distribuir planes sociales para conseguir votos.
Para que los recursos públicos vuelvan a la gente en eficientes servicios y obras es fundamental que la economía pública estatal no malgaste los recursos de los contribuyentes ni se aparte de sus responsabilidades institucionales establecidas por el Derecho Positivo y la Constitución. Es esencial que el régimen tributario no este ideologizado con el propósito de castigar impositivamente a un sector de la sociedad y liberar de ese compromiso a otros sectores afines al gobierno de turno. Es prioritario que en los órganos públicos encargados la administración y distribución de los ingresos impositivos prevalezca la idoneidad de gestión, la honestidad, la trasparencia, la eficiencia, la imparcialidad y la sujeción a las leyes.

REFORMA AL SISTEMA TRIBUTARIO

Es evidente que la recaudación impositiva y la distribución de los ingresos aportados por los contribuyentes no es un hecho menor en la organización económica de un país. La historia describe innumerables situaciones en donde los impuestos han sido los protagonistas esenciales para lograr la equidad social y el progreso económico, mientras también nos muestra como muchas veces los impuestos han sido la causa de injusticias, atropellos y retraso económico que motivaron rebeliones sociales. Por esta razón, la organización del régimen tributario constituye una de las políticas de Estado más relevantes. Tal es así que muchos economistas sostienen que nada significativo puede hacer un Estado sino tiene una política impositiva eficiente y ordenada que le permita financiar su funcionamiento.
En los Estados modernos, donde prevalece la libertad económica, la principal fuente de financiamiento de la economía pública estatal son los impuestos por lo que es fundamental la existencia de un sistema tributario eficiente que contribuya al desarrollo productivo de la sociedad. Según el régimen impositivo que se establezca se podrá impulsar el progreso social o –la inversa– impedir el crecimiento económico individual y colectivo.
La historia muestra que una errónea política impositiva genera desorden social, estancamiento económico e injusticia social.

Una ineficiente política tributaria acaba con la rentabilidad empresarial, espanta a los inversores, reduce los ingresos del trabajador, limita el consumo y genera desiguales.

Un deficiente sistema impositivo conduce al déficit estatal o a políticas de ajuste que terminan exigiendo mayores sacrificios a la gente. En definitiva, la política tributaria de un país marca el punto de inflexión entre el progreso y estancamiento de la economía.
Los impuestos no deben ser una mochila llena de piedras que el contribuyente debe cargar sobre sus espaldas ni un sistema perverso que impide que la economía fluya libremente. Los impuestos no deben ser un obstáculo que el crecimiento de la actividad privada ni deben impedir una equitativa distribución de la riqueza entre los factores que convergen para su creación. Tampoco pueden ser una carga asfixiante que obligue a trabajadores y emprendedores a que se incorporen a la economía informal porque los impuestos exceden su capacidad de contribución o afectan su rentabilidad.
Los funcionarios públicos y la dirigencia social deben ser conscientes del efecto distorsivo que los impuestos pueden generar en la economía pública y privada sin son injustos, parciales o se extralimitan en su recaudación. Si se estimula la voracidad del gobierno para hacerse de mayor cantidad de recursos para solventar sus políticas de gasto, los impuestos se convierten en un instrumento negativo, dañino y destructivo del progreso. Son una soga al cuello que comienza apretando pero que puede llevar a la muerte cuando se aprieta en demasía.
Ninguna sociedad cuestiona el derecho y la necesidad que tiene el Estado de aplicar un sistema de recaudación para llevar adelante sus objetivos institucionales y de bien común. En todo caso, lo que se cuestiona es la existencia de un erróneo sistema impositivo que castiga a la gente con el único propósito de recaudar dinero para solventar todo tipo de políticas públicas. Por tal motivo, es fundamental que todo proyecto para reformar el ineficiente y perversos sistema Tributario existente en nuestro país debe incluir los siguientes objetivos:
• Reducción de la presión impositiva nacional, provincial y municipal a fin de que la carga tributaria no supere el 25% del PBI;
• Eliminación de decenas de impuestos –entre los 160 existentes–  que se aplican al consumo, el comercio interior, el comercio internacional, el trabajo y la producción que afectan el crecimiento productivo y los ingresos de los creadores de riqueza;
• Coparticipación de los impuestos nacionales de acuerdo a los aportes realizados por cada provincia.
• Eliminación de todas las tasas municipales que generan doble imposición y afectan la actividad productiva
• Visualización en las facturas de pago de los llamados impuestos indirectos para que los contribuyentes sepan cuales son los impuestos que pagan y a donde se destinan sus fondos;
• Fijación de un impuesto universal a la renta social acumulada sobre todo el territorio nacional para que sea el principal recurso destinado a solventar el gasto publico nacional y provincial.