Los argentinos siempre están prestos a reclamar derechos y beneficios pero son renuentes o están mal predispuestos a cumplir con las obligaciones institucionales, laborales, familiares o de tránsito.

Los argentinos tienen una manera muy especial de pararse frente a las obligaciones. Mientras consideran que las instituciones públicas, los organismos que brindan servicios o las empresas privadas tienen la obligación de satisfacer sus derechos y reclamos, por otro lado, rechazan las obligaciones que esas instituciones establecen como contraprestación a los servicios brindados. Ven en cada una de esas obligaciones una imposición injusta o arbitraria que les molesta por lo que tienden a oponerse, criticarlas, ignorarlas, transgredirlas o quejarse por considerarlas improcedentes. 
Forma parte de nuestra idiosincrasia nacional rechazar normas y disposiciones que impongan obligaciones contrarias a los intereses personales, creencias, gustos, sentimientos o que impliquen algún tipo de prestación. No se trata de una resistencia o incumplimiento fundado en que esas obligaciones son contrarias al Derecho positivo. Se trata de un rechazo visceral y automático contra las obligaciones que se valoran que afectan algún interés personal o son consideradas como injustas. Este rechazo abarca a la gran mayoría de la sociedad sin hacer distinción entre trabajadores, empleados públicos, empresarios, estudiantes, maestros, policías o comerciantes. 
Mientras los argentinos siempre están prestos para demandar beneficios y reclamar nuevos derechos, al mismo tiempo están mal predispuestos a cumplir con las obligaciones, ya sean de carácter institucional, laboral, social, impositivo o de tránsito. “Derechos si, obligaciones no”, pareciera ser una consigna que todos comparten. 
El incumplimiento y rechazo a las obligaciones establecidas por alguna autoridad se manifiesta en todos los ámbitos. Se puede apreciar cuando la Municipalidad exige no tirar la basura en la calle, el empresario demanda una actividad a sus empleados, el maestro solicita una tarea a sus alumnos, el agente de tránsito exige la presencia del matafuegos en el auto o los padres le piden a sus hijos que limpien su habitación. Ese rechazo a las obligaciones también se puede observar cuando la gente ignora los carteles de no entrar con perros a la plaza, al no respetar la prohibición de tirar fuegos artificiales en un estadio de fútbol, al protestar por los horarios de visita fijados en los hospitales, al rechazar el uso de uniforme en la empresa, al oponerse a un control de alcoholemia o al no cortar las calles para manifestar una protesta social. 

En Argentina cuando se establece una obligación, tanto en el ámbito privado como el público, la primera reacción de la gente es rechazarla, quejarse, criticarla, descalificarla, tildarla de negativa o considerarla un abuso de poder por parte de la autoridad. 

Lo negativo del rechazo o incumplimiento a las obligaciones es que esa conducta social se convierte en un obstáculo para establecer un ordenamiento normativo que permita un balance equilibrado entre los derechos y las obligaciones que deben tener los integrantes de la sociedad. Desde los albores de la Humanidad hasta la fecha toda organización social confiere derechos y exige obligaciones a sus miembros a fin de poder convivir y funcionar de manera eficaz. Es imposible la convivencia de un grupo humano y la búsqueda de objetivos comunes sólo existiendo derechos o sólo existiendo obligaciones. Ambas categorías normativas deben equilibrarse, convivir y entrelazarse para alcanzar objetivos colectivos. Es cierto que según la forma participativa que adopte una organización social o los márgenes de libertad que se establezcan para sus miembros pueden existir mayores derechos que obligaciones o a la inversa. Sin embargo, más allá del porcentaje de unos y otros, no se puede desconocer que las obligaciones y los derechos se deben complementar para alcanzar un objetivo mancomunado. 

Toda organización pública o privada requiere la coexistencia equilibrada de derechos y obligaciones. Pretender la existencia de un orden de convivencia social sólo concediendo derechos es una utopía mientras que solo imponiendo obligaciones es una dictadura. 

Tanto una sociedad como una empresa no pueden funcionar ni ordenarse sin obligaciones. Esto no quiere decir que el rechazo o negativa a cumplir algunas normas no sea legítimo desde otra perspectiva. Existen rechazos fundados cuando se quieren imponer obligaciones contrarias al Estado de Derecho, la democracia, la libertad o los derechos humanos. En esos casos el Estado, los sindicatos, las empresas e instituciones sociales tienen mecanismos formales que permiten que una persona o grupo pueda rechazar esas obligaciones ante la Justicia. Lo que no es posible ni viable es que una sociedad puedan evolucionar positivamente sin ningún tipo de obligación.
Los argentinos deben comprender que las normas de carácter obligatorio que establece una legítima autoridad para ordenar la convivencia social, regular las actividades deportivas, organizar una empresa, fiscalizar la administración pública o impulsar la educación son tan relevantes como los derechos que otorgan beneficios. No es viable que existan solo derechos y se rechacen las obligaciones. Hay que comprender que en toda organización social no solo es necesario la existencia de obligaciones sino que esencial que se las respete y acate para alcanzar determinados fines o para proteger los derechos de otras personas. 
La coexistencia de obligaciones y derechos implica que debe haber una autoridad para hacerlos cumplir y respetar. En los gobiernos democráticos esa autoridad surgen del sufragio popular y está regulada por la Constitución y las leyes. En las organizaciones privadas la autoridad es conferida por los estatutos fundacionales, los accionistas, el derecho de propiedad o el consenso interno de los integrantes de la organización. Lo relevante a tener presente es que en toda organización –pública o privada sea grande o pequeña– es necesario una autoridad que fije objetivos, gestione la organización, haga respetar los derechos de los integrantes y haga cumplir las obligaciones. 
Cabe aclarar que autoridad no es lo mismo que autoritarismo como algunos malintencionados suelen sostener para rechazar o negarse a cumplir las obligaciones establecidas por una autoridad. El autoritarismo es una deformación o distorsión aberrante de la autoridad. Es un abuso en la utilización del poder que se le confiere a una autoridad. 

El autoritarismo impone por la fuerza un mandato para que todos lo cumplan si no quieren recibir reprimendas y castigos. El autoritarismo reniega del consenso pues su intención es imponer decisiones sin importar la voluntad u opinión de la gente. 

El autoritarismo utiliza las sanciones, la negación de beneficios, la cancelación de derechos, el miedo, la discriminación, las amenazas y los bajos ingresos como medios coercitivos para obligar a que los integrantes de una organización a cumplir con las directivas de los encargados de gestionar. 
Es importante distinguir el ejercicio de la autoridad –necesaria para organizar las personas detrás de un objetivo– del autoritarismo que es un abuso del poder y un atropello a la libertad individual. En nuestro país es frecuente considerar que es lo mismo la autoridad que autoritarismo. Por ese motivo es frecuente que se denuncie como autoritarios, explotadores o abusadores a los responsables de las organizaciones privadas que ejercen su legitima autoridad para que se cumplan los objetivos planificados. La misma calificación se suele utilizar para descalificar a la administración pública cuando exige el cumplimiento de obligaciones de carácter social. Es cierto que algunos de esos argumentos y denuncias suelen tener cierto asidero porque todavía en nuestro país prevalecen muchos rasgos autoritarios en el ámbito público y privado. Sin embargo, a partir de esos hechos cuestionables no se puede justificar el rechazo generalizado a la autoridad detrás de la consigna que todos los que mandan o establecen obligaciones son autoritarios, abusadores o explotadores. 
No será posible salir de la decadencia económica y social si no se respetan las obligaciones que ordenan la convivencia social. Es absolutamente imposible construir un sistema económico ordenado, democrático y lograr una convivencia social armoniosa si existe rechazo y resistencia a cumplir con las obligaciones establecida por la autoridad legalmente constituida. Vivir en anarquía y protestando constantemente contra la autoridad y las obligaciones no sólo impedirá conseguir mayores derechos sino que conducirá a un desorden que terminará perjudicando a toda la sociedad porque será imposible concretar objetivos y coordinar voluntades. Nunca hay que olvidar que no respetar los derechos y obligaciones es lo que hace fermentar el autoritarismo y la aniquilación de la libertad.