En nuestro país no existe una estructura empresarial vigorosa, productiva, competitiva y rentable por lo cual desde hace décadas las empresas no crecen, son deficitarias, emigran o quiebran.

LAS EMPRESAS EN LA ECONOMIA NACIONAL.  

La empresa privada, entendida como una estructura funcional destinada a la producción de bienes y servicios, es el sustento del crecimiento económico de las sociedades modernas. No solo generan empleos, estimulan la innovación, satisfacen la demanda de bienes, incrementan la riqueza nacional sino que son importantes contribuyentes para el financiamiento del Estado.
El valor que aportan los emprendimientos empresariales privados para potenciar el crecimiento económico y multiplicar la producción de bienes es reconocido por la mayoría de las naciones desarrolladas. Este formato de organización económica no solo es gravitante en los países capitalistas sino que también se ha expandido en países con gobiernos socialistas como China o Vietnam.
En nuestro país, a diferencia de los países desarrollados, no existe una estructura empresarial vigorosa, sustentable, productiva y competitiva. Esta limitada capacidad empresarial no se puede atribuir a la falta de carácter o sagacidad de los argentinos para los negocios. Al contrario, a través de sus conductas han demostrado que son muy habilidosos, ingeniosos, trabajadores y creativos para emprender todo tipo de actividad económica. Lo han puesto en evidencia cuando deben enfrentar contextos desfavorables generados por las crisis recurrentes de nuestro país o cuando deben emigrar a otros países empezando desde cero. Por esta razón, no es apropiado sostener que el poco desarrollo empresarial es culpa de la falta de creatividad y voluntad de los empresarios argentinos, más allá de que existen algunos que son ineficientes para gestionar. Es más apropiado desentrañar las verdaderas causas que impiden el desarrollo y efectividad de las empresas privadas en nuestra economía.
El limitado desarrollo de las empresas en nuestro país debe ser atribuido -en gran medida - a las políticas públicas y al régimen jurídico-impositivo que limita o cancela la libertad económica. Las acciones gubernamentales estatistas, a partir de 1930, no promovieron la iniciativa privada y la libertad económica para que fuera el sustento del crecimiento de la economía social e individual. Por más de 70 años la matriz ideológica dominante en los partidos políticos tradicionales, el gremialismo y vastos sectores de la sociedad se caracterizó por descalificar la libertad económica, a los empresarios y a las empresas privadas. Aferrados a la ideología estatista los gobiernos pusieron durante décadas innumerables trabas jurídicas e impuestos a la actividad privada impidiendo su expansión.
Durante mucho tiempo la ideología dominante en el país ha sido anti empresa, anti capitalismo y anti libertad económica por lo cual se promovió - desde el gobierno, el Parlamento, la Justicia y el sindicalismo - la intervención estatal en el mercado, las empresas, las inversiones, el comercio y la actividad laboral. Esa ideología a favor de la intervención estatal en la economía prevalece en gran parte de la población y en sus representantes políticos y sindicales. A pesar del gradual y parcial éxito de las políticas públicas a favor de la libertad económica que impulsa actualmente el gobierno de Javier Milei la mayor parte de la sociedad sigue mirando con desconfianza esas políticas liberales porque en su fuero íntimo sigue convencida que el Estado debe regular la economía porque no confían en la actividad privada y las empresas.
La casi totalidad del sindicalismo, el movimiento peronista, el radicalismo tradicional y partidos de izquierda siguen cuestionando la libertad como sustento del ordenamiento económico. Para estos sectores sociales el Estado es el único garante de justicia social, el progreso y la distribución equitativa de la riqueza, mientras que a las empresas privadas nacionales e internacionales solo les importa satisfacer sus intereses explotando a los trabajadores y atentando contra la soberanía nacional. Por esa razón, sigue habiendo una gran resistencia del sindicalismo, la política tradicional, la iglesia, grupos empresariales prebendarios y vastos sectores sociales a todo intento de abrir el mercado, garantizar la libertad económica, desprenderse de empresas estatales deficitarias, bajar los impuestos, impulsar el libre comercio internacional, lograr el equilibrio fiscal y reducir la incidencia del gobierno en la economía. 

LIMITACIONES AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL

Sería muy extenso referirme a todas las causas y razones que impiden al crecimiento de las empresas privadas en Argentina. Sin embargo, algunas son gravitantes y merecen ser destacadas. Entre esas causas se pueden mencionar: El derecho positivo vigente; La inseguridad jurídica; la intervención del mercado; El sistema tributario; La ausencia de crédito; La inflación; La privatización de la renta social; Los sindicatos; y la emigración de emprendedores y capitales. 

• DERECHO POSITIVO

La matriz ideológica contraria a la libre actividad privada y promotora de un modelo de Estado intervencionista en la economía está reflejado en los fallos judiciales adversos a las empresas, la inmensa cantidad de limitaciones para producir, la intervención del mercado por políticas públicas, el exceso de impuestos, el régimen laboral que da por sentado que los trabajadores son las víctimas de las empresas y las trabas aduaneras para comerciar con el mundo.
Las disposiciones del Código Civil, del Código de Comercio, las leyes laborales y las leyes económicas - sin ser los únicos instrumentos jurídicos prevalecientes en el Derecho positivo - forman parte de una maraña de disposiciones que dificultan e impiden que las empresas privadas se desarrollen en libertad. Desde el momento que un empresario decide comenzar una actividad económica, la administración estatal, los sindicatos y la Justicia se convierten en una máquina de impedir y obstaculizar la actividad empresarial privada. Los funcionarios utilizan a las instituciones públicas para limitar, controlar, habilitar, supervisar o cancelar sus actividades comerciales.
En el momento que un emprendedor decide establecer una sociedad para desarrollar una empresa comienza su calvario. Debe sortear cientos de obstáculos materiales y exigencias jurídicas que lo obligan a recorrer decenas de dependencias públicas para obtener una aprobación del Estado que le permita iniciar una actividad productiva. Este tedioso camino –caracterizado por decenas de trabas, mala predisposición de los funcionarios y exigencia de cometas– es muy desalentador por lo cual muchos emprendedores abandonan los trámites formales y toman la decisión de evadir la intervención del Estado ingresando al mercado de negro junto a otras miles de empresas pymes.
Si bien es cierto que periódicamente algunos gobiernos ­­–como el presidido por Javier Milei– sancionan leyes tendientes a promover la actividad privada y se suprimen algunas reglamentaciones que atentan contra la libertad económica, esas medidas suelen ser insuficientes porque 70 años de estatismo y corrupción requieren un cambio integral del régimen jurídico prevaleciente que es contrario a las empresas y la libertad económica. Para promover la libertad económica y las empresas privadas es necesario una profunda Reforma impositiva y laboral. 

• INSEGURIDAD JURÍDICA.

Al negativo régimen jurídico y la extensa legislación que desalienta la actividad empresarial privada hay que sumarle un agravante: las disposiciones legales no tienen una razonable durabilidad porque están sujetas a permanentes cambios y modificaciones.
De acuerdo al humor social o las ocurrencias de los gobernantes de turno las disposiciones jurídicas vinculadas a la economía en general y a las empresas en particular cambian, se modifican o se eliminan en breves períodos de tiempo para ser reemplazadas por otras que muchas veces son contrarias a lo que proponían las anteriores. Este cambio constante de la normativa hace que las empresas deban navegar en un mar de inseguridades e incertidumbres porque nunca tienen certeza sobre cómo será el marco jurídico del futuro y sus consecuencias para la actividad empresarial.
El cambio constante de la legislación y políticas públicas tiene profundos efectos negativos para la inversión y la expansión empresarial. No tener certeza de cómo será el marco normativo –legislativo y judicial– que resulte ante cada nuevo gobierno o cada crisis económica determina que las empresas nacionales e internacionales sean muy cautas a la hora de invertir o expandirse como se pone de manifiesto en el escaso crecimiento del parque industrial ocurrido en las últimas décadas en nuestro país.
El cambio constante del marco jurídico regulatorio de las inversiones, la producción y las relaciones laborales obliga a las empresas a cambiar su hoja de ruta o planificación económica de manera permanente, con el agravante que no tienen certeza cuánto tiempo tendrá vigencia la nueva legislación que las regula porque la oposición al gobierno de turno amenaza que la habrá de derogar cuando asuman la dirección del Estado.
No saber el tiempo que estará vigente determinada legislación genera una profunda inseguridad jurídica en las empresas dado que no saben qué acontecerá en materia legislativa el corto y mediano plazo. Por esta razón, la mayoría evita realizar grandes inversiones, emigran a otros países o firman acuerdos non santos con los gobiernos para que garanticen que las normas que los regulan no se modificarán en el futuro. Compromiso que generalmente los gobiernos no cumplen por lo cual el Estado argentino debe pagar de manera frecuente –en los Tribunales internacionales– fuertes sumas de dinero a empresas por no haber cumplido con los compromisos acordados. 

• INTERVENCIÓN DEL MERCADO.

El Estado argentino históricamente se ha caracterizado por intervenir y regular el mercado para ajustarlo a sus necesidades y objetivos políticos. A través de múltiples disposiciones ha intervenido directa o indirectamente en la oferta y la demanda restringiendo la libertad empresarial, la competencia, la rentabilidad y la expansión empresarial. En algunos casos esa intervención en el mercado ha sido global y en otros casos ha sido sectorial.
Esa intervención estatal para dirigir, controlar, presionar o manipular la oferta o demanda que puja en el mercado –por lo general– termina rompiendo la brújula que guía a la actividad privada que es el sistema de precios. Al manipular los precios –más allá de las nobles causas que se invoquen– las empresas dejan de percibir en donde existe abundancia o escasez de bienes para focalizar su actividad empresarial. Al manipular la brújula que orienta al mercado aparece la confusión, la improvisación, la corrupción, los abusos y las erróneas planificaciones con lo cual surgen desequilibrios entre la oferta y la demanda que terminan dañando a la gente y las empresas.
La intervención del Estado al sistema de precios –manipulando la brújula que orienta sobre la escasez y la abundancia existente– condiciona a las empresas porque deben actuar a tientas y ciegas. La falta de un referente certero para guiar su producción las obliga a utilizar artimañas y engaños para sortear los desequilibrios generados por la intervención del mercado. Artimañas que la mayoría de las veces no le generan la rentabilidad deseada por lo que terminan acordando con el Estado y sindicatos la posibilidad de asumir posiciones hegemónicas que garanticen rentabilidad y ausencia de competencia como sucede con las empresas de servicios públicos sin ser el único caso. 

• SISTEMA TRIBUTARIO

En Argentina existen más de 150 impuestos nacionales y otros tantos provinciales, a los cuales hay que sumar los impuestos encubiertos representados por las tasas municipales que han crecido exponencialmente a partir del año 2010. Esta multiplicidad de gravámenes a la producción, el comercio, la inversión y el consumo ha logrado colocar a nuestro país en el podio de las naciones con mayor presión impositiva del mundo sin que esta recaudación publica se refleje en una oferta de servicios públicos eficientes como existe en Finlandia o Noruega que tienen elevados impuestos.
La multiplicidad y monto elevado de los impuestos vigentes son el sustento del Estado intervencionista, corrupto, prebendario y dilapidador de recursos al cual aspiran muchos gobernantes para mantenerse en el poder. Por esa razón los legisladores nacionales, provinciales y municipales se resisten a reducir o eliminar impuestos a pesar del intento del gobierno nacional de terminar con algunos gravámenes que castigan la producción, la inversión, el comercio y al trabajo privado. Les cuesta entender que durante décadas los sucesivos gobiernos instalaron un sistema impositivo perverso, abusivo e injusto que castiga y daña al que trabaja, produce, invierte y consume.
La necesidad de captar los votos y financiar la corrupción pública ha llevado a que el Estado –a través de todas sus jurisdicciones– se apropie vía impositiva entre el 45% al 50% de los ingresos de los que trabajan, producen, comercian o invierten. Esa expropiación de los ingresos no solo reduce la capacidad adquisitiva de los trabajadores sino que impide que las empresas puedan ser rentables e invertir en procesos productivos. 

• AUSENCIA DE CRÉDITO.

Sin crédito el crecimiento empresarial es muy limitado o casi nulo. El crédito es la herramienta fundamental para emprender nuevos proyectos empresariales y renovar sus procesos de producción. Es lo que permite arriesgar en planes de elevados costos y emprender proyectos innovadores.
En nuestro país –desde hace tiempo– no existe un acceso fácil al crédito privado ni público. Por lo general no existe una línea de crédito bancario relevante para las empresas pymes. Los pocos créditos que se otorgan a cuenta gotas no suelen tener los volúmenes que se requiere para invertir en desarrollos económicos de alta complejidad.
En parte, la ausencia de crédito se debe a la falta de capacidad de ahorro de los argentinos por su magros ingresos, la inflación endémica que ha padecido durante décadas y la desconfianza existente con respecto a los depósitos bancarios. En parte, se debe a los requisitos y garantías exigidos para otorgar un crédito y los elevados intereses que impiden que la gente, las empresas y los trabajadores puedan acceder a un crédito que movilice la producción y el consumo. Esta escasez y limitación crediticia obliga a las pequeñas empresas nacionales a tratar de autofinanciar su crecimiento e inversión con lo cual su capacidad de expansión es muy limitada. 

• INFLACIÓN.

Es imposible para una empresa hacer cálculos de costos, proyectar inversiones, fijar precios de sus productos y planificar sus actividades económicas a mediano plazo si no existe una moneda estable. Hecho que desde hace décadas no sucede en Argentina porque los funcionarios estatales impulsaron la emisión monetaria inflacionaria con el propósito de solventar el déficit estructural del Estado, la corrupción y la ineficiencia de los gobiernos.
La inflación es absolutamente negativa para el desarrollo empresarial, la igualdad social y el crecimiento económico de un país. Lógicamente que es mucho más negativa cuando alcanza el índice de tres dígitos anuales. Pero atención, que sus efectos y consecuencias son igualmente negativas cuando alcanza el 2% mensual. Por eso, la sociedad no puede bajar los brazos porque los índices actuales (2025) son del 2 o 3% mensual. Si se pretende que los trabajadores y empresas mejoren sus ingresos deben seguir lidiando con el flagelo inflacionario estatal hasta erradicarlo totalmente.
La inflación no puede existir, aunque sus índices sean de un dígito. La inflación es un cáncer que destruye a todo el sistema económico. Desde la perspectiva empresarial, el cambio constante de los precios nominales impide la eficaz planificación porque no puede prever costos y rentabilidad. Por otra parte, la inflación cancela la posibilidad de ahorro empresarial, licua las ganancias, desalienta la inversión, hace muy difícil la competencia internacional y es el fermento generador de conflictos laborales con los empleados dado que los salarios crecen menos que los precios.
La inflación ha sido una de las causas que más ha influido para que la actividad empresarial en Argentina no haya podido progresar y la pobreza haya llegado al 40% de la población. Por lo tanto, es fundamental apoyar los planes anti inflacionarios sustentables, aunque inicialmente generen daños hasta que se restablezca un sistema económico equilibrado. No se puede volver a sostener que un poco de inflación moviliza la producción o que poniendo platita falsa en los bolsillos de la gente se impulsa el bienestar social. Hay que asumir –aunque algunos no lo quieran aceptar plenamente– que con inflación no hay progreso económico, empresas sólidas, salarios dignos y bienestar social. 

• RENTA SOCIAL PRIVATIZADA.

Ninguna empresa puede desarrollar una actividad económica si no puede acceder a los recursos que brinda la naturaleza. Todo emprendimiento requiere de un espacio de tierra para asentarse y desarrollar sus actividades, ya sea que se dedique a la informática, la producción de autos o la siembra de soja. No importa que el espacio de tierra requerido sea de grandes extensiones para sembrar o de pocos metros cuadrados para instalar una computadora. Lo relevante es que ninguna actividad económica puede llevarse adelante sin los recursos naturales y el espacio prevaleciente en el Planeta Tierra.
La necesidad del factor tierra para construir una casa, instalar una empresa, producir un bien, estudiar, tener una familia o simplemente vivir determina que el valor o precio de todas las parcelas del país crezcan de manera permanente dado que la tierra es un bien finito mientras que su demanda social crece de manera permanente. Cada nacimiento, cada empresa que se instala o cada nuevo bien que se produzca demanda recursos dados por la naturaleza. Ese incremento constante de la demanda social sobre el bien finito llamado tierra hace que el valor del espacio terrestre crezca de manera permanente tanto en el campo como la ciudad.
El incremento del valor o precio del espacio y sus recursos como consecuencia del incremento de la demanda social suele convertirse en una barrera económica para emprender una actividad empresarial cuando el régimen jurídico prevaleciente permite que los titulares del espacio se apropien de la renta fundiaria. Esto es lo que sucede en nuestro país dado que el Código Civil autoriza al propietario de una parcela de tierra no solo aexplotarlas y usufructuarla sino que le permite apropiarse de una renta que no ha generado. Al apropiarse de esa renta fundiaria generada por la sociedad no solo se enriquece de manera indebida sino que empuja a que el valor de la tierra crezca en mayor proporción impidiendo su acceso económico a los que quieren trabajar o producir. De esta manera, en un país con casi 3.000.000 kilómetros cuadrados gran parte de la población no puede acceder a una vivienda propia o emprender un actividad comercial por los altos valores de la tierra y sus recursos. 

• SINDICATOS.

Los sindicatos argentinos, en su gran mayoría, descalifican a la actividad empresarial privada por considerar que explotan a los empleados y se apropian de los ingresos que les corresponde por su aporte en la creación de riqueza. Los sindicatos consideran que las empresas privadas son el principal enemigo de los trabajadores dado que son sanguijuelas que se enriquecen a costa de los ingresos que les corresponde a los trabajadores.
El principio ideológico sostenido por los sindicatos que afirma que las empresas son las victimarias y los trabajadores sus víctimas es compartido por las leyes laborales, el Poder Judicial y buena parte de la clase política. A partir de ese aval político y jurídico, los sindicatos desde hace décadas presionan, reclaman, exigen y se enfrentan a las empresas para que se allanen a sus reclamos. Detrás una ideología anti empresa han logrado imponer –por las buenas o por las malas– que se le otorgue constantemente a los empleados nuevos beneficios a través de leyes que garantizan un salario básico no ligado a la productividad, altas indemnizaciones por despido, estabilidad laboral, reducción del horario de trabajo y el pago de sueldos anuales suplementarios, entre otras prerrogativas que deben ser otorgadas por las empresas con el aval del Estado.
La consecuencia del hostigamiento sindical y la exigencia constante de nuevas compensaciones económicas, sin tener presente la productividad económica de las empresas, es una de las razones del incremento del costo laboral que afecta la competencia y rentabilidad empresarial. Este elevado costo laboral y las presiones sindicales han determinado que muchas empresas quiebren y que la gran mayoría se resista a contratar nuevos empleados.
No es que los trabajadores argentinos no merezcan mayores salarios y beneficios. El problema es que económicamente las empresas nacionales no están en condiciones de cubrir los costos laborales exigidos por los sindicatos. No lo pueden hacer dado el histórico descalabro macroeconómico, las abusivas leyes laborales y la intervención del Estado en la economía. 

• EMIGRACIÓN DE EMPRENDEDORES.

Las crisis económicas recurrentes, las restricciones a las empresas y la política pública que atentan contra la libertad económica han sido la causa principal por la que miles de argentinos emprendedores –en los últimos 30 años– hayan emigrado al exterior con el propósito de emprender un negocio o empresa. Se calcula que a los EEUU han emigrado en las últimas décadas más de 1 millón de argentinos y más de un millón y medio a diferentes países de Europa que concede ciudadanía a los descendientes de aquellos europeos que llegaron en el siglo pasado a nuestro país para trabajar y tener un ingreso digno.
No hay duda que cada emprendedor, científico, técnico, trabajador o inversor que emigre es un daño irrecuperable para Argentina y para su economía. Cada uno de esos desplazados –que fueron formados en nuestro país– genera un daño económico irreparable porque reduce el mercado interno, disminuye el Producto Bruto e impide que emprendedores talentosos se sumen a la actividad económica para impulsar empresas productivas que generen trabajo y riqueza para lograr un mayor bienestar social. 

REFLEXIÓN FINAL

He expuesto algunas de las causas más relevantes que a lo largo de las últimas décadas han impedido que las empresas privadas argentinas se desarrollen, expandan, crezcan y se proyecten en el mercado mundial. La mayoría de esas causas –como lo señalé– siguen vigentes en la actualidad. En parte porque la cultura económica, los intereses creados y la ideología estatista sigue prevaleciendo en vastos sectores de la sociedad. En parte porque el cambio de una historia caracterizada por el estatismo anti empresa privada no se puede lograr con rapidez como tampoco se puede esperar que se acierten en todas las políticas emprendidas para favorecer la actividad privada en un marco de libertad. Lo único que no deberían hacer los argentinos, ante la dificultad de salir de la decadencia impulsada por décadas, es volver a defender y proponer la reinstalación de un estatismo retrogrado que cancela la libertad empresarial y la productividad.